Sobre legitimidad y legalidad: ¿dónde está la nueva constitución islandesa?

Maria Elvira Méndez Pinedo / Reykjavík

Profesora y catedrática de Derecho Europeo de la Universidad de Islandia

 

Islandia, 20 de octubre de 2020. Un total de 43.423 ciudadanos -el 17,2% del electorado- piden a su Parlamento y a su Primera Ministra retomar el proceso constituyente popular tras el referéndum nacional del 20 de Octubre de 2012 que aprobó por una sólida mayoría del 66% un proyecto de nueva constitución islandesa que, de momento, sigue aparcada. Ocho años después, ¿se logrará convencer al Parlamento de que el poder constituyente y la soberanía nacional residen en el pueblo?

¿Por qué prima la Constitución como ley de leyes en un estado democrático y de Derecho? ¿Por el poder de la legalidad o por su legitimidad? ¿O, quizás, por la protección que otorga a los derechos fundamentales de los ciudadanos? En realidad, por los tres a la vez. La filosofía jurídica nos enseña que estos tres pilares del Derecho son fundamentales e irrenunciables y que la imposición arbitraria de uno sobre los demás nos suele llevar al abuso de poder y a la injusticia

Sin embargo, no todos los ordenamientos jurídicos reconocen la legitimidad -o el origen y consentimiento de los ciudadanos- como un pilar fundamental del Derecho y de la Constitución. Islandia es uno de ellos. Su democracia es representativa pero no ha transitado del parlamentarismo al soberanismo constituyente. La constitución provisional de 1944 con origen danés que inaugura Islandia en su proceso de independencia no habla de un pueblo soberano como origen del poder constituyente. Es el Parlamento el que aprueba o reforma la Constitución por mayoría simple, pero en dos ocasiones consecutivas: antes y después de elecciones legislativas. Y punto final. El pueblo puede contemplar el proceso como testigo, pero sin participar en el proceso constituyente. La participación ciudadana en Islandia se limita a las elecciones municipales, legislativas ordinarias -normalmente cada cuatro años- y a las elecciones presidenciales.

Ello explica que en islandés no exista una palabra propia para nombrar  “legitimidad”, el concepto es ajeno a la ciencia jurídica por ser parcialmente irrelevante y superfluo. En resumen, lo que opinen los ciudadanos de su Constitución y de sus leyes es una curiosidad para los juristas y una simple opinión para su representación política. La Constitución no dice que el poder constituyente emane del pueblo ni que su reforma requiera de un referéndum nacional. En Islandia se podría decir que el poder emana y reside en el Parlamento. Esa es la legalidad vigente. El Parlamento lo sabe. Y los partidos politícos y sus líderes también.

No obstante, la realidad suele ser más rica y dinámica y superar a la propia ciencia jurídica que va necesariamente a la zaga. Y eso es lo que está sucediendo en la presente década. Los ciudadanos reclaman su voz y su legitimidad constitucional, aún sin saber que les falta la palabra y el concepto. Y es así como en estos momentos una importante parte de la sociedad islandesa -como poder constituyente- piensa que su Parlamento ha secuestrado ese poder para obstaculizar, paralizar y descafeinar el proceso constituyente que se inició tras la crisis financiera y que, por primera vez en la historia contemporánea, sí que fue redactado por el pueblo, por un congreso o consejo constitucional formado por 25 ciudadanos elegidos por referéndum nacional el 27 de noviembre de 2010.

Este proceso constituyente fue completamente legal y democrático, impulsado por la primera ministra de Islandia en aquel entonces,  Jóhanna Sigurðardóttir -del Partido Socialdemócrata- a partir de 2009 que, sin embargo, fue abandonado por los partidos políticos -y por su sucesor al frente del partido- de cara a las elecciones legislativas de 2013. El abandono y la traición tuvieron -y tienen todavía- su explicación en cuestiones de intereses partidistas ajenas a la forma y sustancia del proyecto de constitución sometido a consulta y referéndum nacional en 2012.

Durante el pasado verano se impulsó una recogida de firmas electrónicas -plazo abierto desde el 19 de junio hasta el 20 de octubre- a través del Registro Nacional –aquí se puede consultar la información en castellano-. 

En representación de las firmas recogidas, se entregó el siguiente mensaje a la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, el pasado 20 de octubre:

Exigimos que Alþingi, el parlamento islandés, cumpla con el resultado del referendo de 2012 y promulgue una nueva constitución. En tal referendo, dos tercios votaron por adoptar una nueva constitución basada en la constitución redactada por el Congreso Constitucional. Esa constitución es un contrato social completo. No es el rol de Alþingi aceptar o rechazar provisiones específicas de esta carta social. La nación misma es el último juez de su propia constitución y quién estipula los límites para quienes están en el poder. No al contrario. Nos rehusamos a esperar una década entera para adoptar una nueva constitución y exigimos que se tomen medidas inmediatamente!

Esta entrega de firmas no es ni será el último episodio de esta saga constitucional. La historia no puede esperar. Y ello es así porque la opinión pública no olvida. Del 23 al 28 de octubre, se realizó una amplia encuesta de opinión entre la población y se confirmó, curiosamente, el mismo resultado que en el referéndum nacional de 2012. Un 66% de los participantes desea que el proyecto de constitución redactado por los 25 ciudadanos elegidos sea tramitado por el Parlamento como base de una nueva constitución islandesa.

En Islandia, se libra una lucha muy interesante entre la legitimidad y la legalidad. No hay que confundir las elecciones ordinarias que eligen un Parlamento (legalidad vigente) con el verdadero poder constituyente (legitimidad) que sí radica en un pueblo que se atreve a otorgarse una nueva constitución y que, como no podría ser de otra manera en un Estado europeo del siglo XXI, reclama no ser una mera ficción. Los ciudadanos lo han entendido perfectamente. Falta por saber si el Parlamento y la primera ministra islandesa, que ha recibido las firmas, reconocen esta corriente histórica de transición desde un parlamentarismo a un soberanismo constituyente; proceso que otros países europeos ya transitaron en el siglo XX. 

Podéis leer la propuesta de nueva Constitución islandesa en inglés, aquí

Podéis leer artículos sobre el colapso financiero de 2008 en Islandia, en este Especial  10 años del colapso financiero

[6/10/2008] El discurso completo de Geir Haarde anunciando el colapso financiero de Islandia.

La economía de la montaña rusa: Islandia, 2007-2017, por Elvira Méndez

Islandia sí rescató a la banca, por Èric Lluent

La crisis de las aerolíneas inquieta Islandia diez años después de la bancarrota, por Èric Lluent 

 

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